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La regulación del régimen aplicable a los alquileres de viviendas para alojamientos turísticos ha seguido siendo objeto de quejas durante el año 2016, según se desprende del informe anual de la Defensora del Pueblo, que ha recibido las primeras quejas desde Canarias a la normativa autónoma que regula el uso turístico de viviendas. 

La Defensora del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio sobre una posible vulneración de los derechos de propiedad y libertad de empresa por la Administración autónoma de Canarias y, en su caso, proponer medidas para su corrección. 

El objeto de dicha actuación se centra en la prohibición para los particulares afectados de residir en viviendas de su propiedad y en el principio de unidad de explotación, que impide a los particulares ofrecer directamente un apartamento de su propiedad en régimen de alquiler turístico. Asimismo, analiza la posible pérdida de la propiedad por incumplimiento de determinados deberes de conservación y rehabilitación.