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El Ministerio de Hacienda obligará a los intermediarios de arrendamientos turísticos a identificar a los usuarios que ponen en alquiler sus viviendas y a los que las arriendan, así como los datos de esos inmuebles y los importes de las operaciones. Esta nueva obligación de información pretende prevenir el fraude fiscal y se desarrollará por orden ministerial. Sin duda, esta medida complementará las llevadas a cabo por la Agencia Valenciana de Turismo, liderada por Francesc Colomer, en los últimos años para poner freno a estos pisos pirata.

Según un reciente balance de esta entidad, en la provincia de Castellón había 1.940 inmuebles alquilados irregularmente en zonas turísticas que se dieron de alta --entre enero y agosto--, frente a los 803 de todo el 2014.  Hacienda aplicará estos controles especialmente a las denominadas plataformas colaborativas, como Airbnb, que intermedian en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Se trata de unas de las reformas introducidas en el marco de los cuatro reales decretos aprobados este viernes por el Consejo de Ministros con el objetivo de modificar los reglamentos de desarrollo de la ley general tributaria.

Con el propósito de regularizar estas viviendas, la campaña de la Agencia Valenciana de Turismo se saldó el pasado verano con 441 nuevas inscripciones (291 en julio y 150 en agosto), principalmente en el litoral castellonense --entre Alcossebre, Benicarló, Benicàssim, Moncofa, Orpesa, Peñíscola, Vinaròs, Castellón-- y solamente Catí, en el interior. Los números en Valencia y Alicante resultaron más elevados, de 762 y 1.369 altas tras los controles.

justicia // En el terreno judicial, la pasada semana se conoció que un juzgado de València desestimó el recurso de Homeaway SL, en el que solicitaba la nulidad de la resolución sancionadora interpuesta por la Agencia Valenciana del Turismo ante la negativa de la empresa a solicitar a sus usuarios el número de registro de las viviendas que publicitan a través de esta plataforma de alquiler de viviendas. Todos los inmuebles turísticos de la Comunitat deben disponer de este dato que garantiza su total legalidad.